En medio de la crisis que atraviesa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el nuevo código de conducta de la institución exige que los empleados que ahí laboran, a los prestadores de servicios y a los grupos de evaluación de proyectos susceptibles de apoyos, que deberán de “abstenerse de emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt”. Mediante un documento de 16 páginas se incluye un escrito de María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, en el que señala que en el pasado “la administración pública sucumbió ante grupos de poder y se colmó de personas que pervirtieron el servicio público y antepusieron sus intereses particulares al interés general”, lo que ahora, expone, se busca revertir con el nuevo código de conducta.
Al respecto, señala que las personas que integren el servicio público del Conacyt no sólo deben ser profesionales destacados, sino también personas comprometidas con la sociedad, el medio ambiente, los derechos humanos y, sobre todo, con la ética pública reivindicada por la Cuarta Transformación. Se exhorta a que las personas que integren el Servicio Público del Conacyt prevengan la actualización de conflictos de interés, actos de corrupción y, en general, cualquier falta administrativa, en el marco de las funciones inherentes a las áreas de riesgo.
El Código está conformado por nueve apartados, y en uno de los incisos se pide dirigir aquellas solicitudes de información “susceptible de ser publicada en medios de comunicación” al área de comunicación social, ya que es el área competente para hablar en nombre del Conacyt.
El Conacyt apoya a las y los científicos. Bajo los principios de la legalidad, la ética, la transparencia y el respeto a los derechos humanos, se precisa lo siguiente sobre el caso del FCCyT A.C. https://t.co/CQgWPJGdZ0
— Conacyt México (@Conacyt_MX) October 8, 2021
